DEL MNR A EVO MORALES: DISYUNCIONES DEL ESTADO COLONIAL

DEL MNR A EVO MORALES: DISYUNCIONES DEL ESTADO COLONIAL

Por. Modesto Larico Quispe

Existe nexo perverso que exhibe el gobierno de Evo Morales con el Estado colonial del MNR de los años 1950, que propició una escalada de corrupción y relaciones prebéndales con dirigentes del campesinado indígena. Así, todo alarde de ruptura del MAS con el viejo modelo político hace aguas al contemplar esta versión remozada de la parodia revolucionaria

DE LA NACIONALIZACIÓN A LA SUBVENCIÓN A LAS PETROLERAS

La Razón / Carlos Arze Vargas - Investigador del CEDLA

En octubre del año 2003, el pueblo boliviano, especialmente los pobladores de El Alto, enarboló la consigna de la nacionalización de los hidrocarburos y su industrialización, con lo que apuntó al corazón del modelo neoliberal y de las fracciones de la burguesía en el poder. Esta demanda histórica se inscribía en la tradición histórica de la lucha social por la recuperación de los recursos naturales y la necesidad de superar el patrón de acumulación primario exportador.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), contrariamente a lo que dicen hoy sus voceros, no propició esta demanda sino que demandó la instalación de una Asamblea Constituyente que permitiera la reconstitución del Estado capitalista en crisis, postulando cambios políticos, pero sin cuestionar la base económica del país. Posteriormente, en el proceso de reforma de la Ley de Hidrocarburos, que incluyó el amañado “referéndum del gas”, esta agrupación política centró su discurso en la necesidad de retornar al sistema del 50-50 en la distribución de la renta petrolera.

La “nacionalización” no abarcó más que a las empresas “capitalizadas”; por lo tanto, no se dirigió a controlar el sector, es decir, a establecer el monopolio estatal que determine la dirección de las políticas públicas para la superación de la economía primario exportadora, como cabe a una verdadera nacionalización. Asimismo, contrariando el discurso que le permitió posicionarse durante la reforma de 2005, otorgó legalidad a los contratos de riesgo compartido de Gonzalo Sánchez de Lozada y reconoció los derechos que les daban a las petroleras, como es el caso de las inversiones reconocidas de “buena fe” y devueltas a través de los costos recuperables.

En la capital petrolera de Bolivia se analiza el decreto que el Gobierno de Evo Morales lanzó en favor de las transnacionales. Plataformaenergetica.org (EL PAÍS, Tarija, 20/abril/12).- Las transnacionales petroleras que operan en Bolivia ayer festejaron en grande: empezarán a recibir 30 dólares por barril de petróleo producido, que les cuesta menos de 8 sacarlo del subsuelo. El gobierno de Evo Morales pasó de un plumazo de la “nacionalización” decretada el 1 de mayo de 2006 y desvirtuada el 29 de octubre del mismo año, a la subvención a las petroleras transnacionales.

 

La medida se anuncia en medio de una creciente insatisfacción de varios sectores populares que se manifiestan en las calles de diversas ciudades del país, y a pocos días de iniciarse la novena marcha de los indígenas habitantes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) en el norte de Cochabamba y sur de Beni. Esta marcha amenaza con aglutinar a varios sectores antes aliados del partido de gobierno y que, a lo largo de los últimos dos años se han alejado de Evo Morales.

 

En diciembre de 2010, el gobierno de Morales decretó un “gasolinazo” con subida de precios de los carburantes líquidos como la gasolina y el diesel, cuyos valores casi se duplicaron. Los nuevos precios a pagar por el consumidor boliviano tenían como destino principal el pago de casi 60 dólares por barril de petróleo a las transnacionales. El hecho motivó una protesta social que obligó al Gobierno a dejar sin efecto la medida. Ayer, sin embargo, decretó otra vez la vigencia de un pago mayor a las transnacionales, sin tomar en cuenta, según un estudio del Centro de Investigación de Desarrollo Laboral y Agropecuario (Cedla), que el costo de producción no supera los 8 dólares por barril de petróleo en promedio.

 

Subvención sería ilegal

La subvención a las petroleras podría estar violando la ley y los propios contratos petroleros, así como un mandato establecido en el Referéndum Nacional de 18 de julio de 2004.

LA MARCHA INDÍGENA DEL TIPNIS EN BOLIVIA Y SU RELACIÓN CON LOS MODELOS EXTRACTIVOS DE AMÉRICA DEL SUR

Dos carreteras

La carretera que hoy se proyecta construir por el corazón del Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure está en las antípodas de aquellas preocupaciones nacionales, encarnadas en la vida y obra de Jaime Mendoza, autor de las propuestas aludidas. Y este hecho es para mí un doloroso síntoma de la distancia que media entre aquel proyecto, destinado a articular fecundamente las mitades divorciadas del país, y este otro, marcado por la mala fe, el divisionismo y la entrega del país a intereses extranjeros. Divisionismo y negación que no sólo afectan a derechos indígenas fundamentales sino también a sentidas aspiraciones ciudadanas de soberanía frente a los intereses corporativos brasileros.

 

El segundo momento llegó con la represión de que se caracterizó así. Si en las leyes se escribía con la mano y se borraba con el codo. Nadie quería asumir que la orden vino del gobierno para reprimir e intervenir la marcha de los indígenas de Tierra Bajas. Fue el argumento de “yo no fui”, cuando los hechos se planificó con detalle logístico un macabro operativo.

 

La construcción de la carretera por el corazón del Tipnis transgrede normas jurídicas nacionales e internacionales. Ahora nos circunscribimos a analizar las dos últimas leyes. La Ley 180 de protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, como zona intangible. El artículo 3 dispone que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, como cualquier otra, no atraviese el Territorio Indígena y Parque Nacional. Contradictoriamente la Ley 222 de consulta a los Pueblos Indígenas del Territorio Indigena y Parque nacional Isiboro Sécure, presenta la siguiente clausula en el articulo 4 enciso a) Definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure debe ser intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas, así como la construcción de la carretera.

 

Los dirigentes que defienden la construcción de la carretera por medio del Tipnis se mantienen en un esquema rígido y un nuevo adoctrinamiento. Si Colón y sus seguidores cambiaron espejitos por oro a los indígenas en otrora; ahora un indígena en el poder intercambia como una forma de cooptación de líderes y división de las organizaciones sociales, con la entrega de celulares y motores para barcazas y pontones, para así ganar la consulta.

 

Dos batallones ecológicos

 

En los años 1980, el líder en cuestión sufrió en carne propia la brecha entre las palabras y las cosas: fue perseguido con saña por los batallones “ecológicos” montados por la FELCN con el apoyo de la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos. Seguramente supo de la indignación y la impotencia, de ese sentimiento colectivo de frustración ante una “tarea conjunta” que se escudaba en los sagrados derechos de la madre tierra para ejercer su profesión depredadora y represiva.

 

¿Fue ese conocimiento íntimo y de primera mano del enemigo de entonces el que lo llevó a hacer suyas las mismas tácticas neutralizadoras y estrategias de encubrimiento discursivo? O es que el modelo venezolano adoptado por el Estado, bajo la égida de los mestizos acomplejados que rodean al presidente, le hace parte del síndrome contagioso de colonización mental.

 

Si antes se replicó los modelos desarrollistas impuestos desde el norte con la Alianza para el Progreso y USAID, hoy seguimos en las mismas intentando copiar lo que ocurre, para bien o para mal, en Venezuela o Brasil, muy a pesar de las diferencias culturales e históricas que nos separan de ambos países.

 

Tener a estos militares del lado del “proceso de cambio” implica graves y hasta cierto punto gratuito concesiones programáticas y políticas. El ejemplo más banal es la degradación de la figura de Tupak Katari para utilizarla como emblema de los aviones del TAM o para bautizar el proyectado satélite que administrará la Fuerza Aérea Boliviana.

 

Los especialistas aseveran que el tal satélite ni siquiera nos ayudará a cerrar la brecha digital. Bolivia seguirá, entonces, tienen la sistemática negativa estatal a desclasificar los documentos militares de tiempos de las dictaduras ha producido un síndrome de impunidad que está llegando a niveles de absoluto cinismo. Impune ha quedado la represión de Chaparina ocurrida el 25 de septiembre del 2011; impune es el trabajo de alianzas solapadas entre mafias militares y civiles, vinculadas al tráfico de sustancias ilegales; impune es la labor persecutoria contra los indígenas en resistencia y contra las personas solidarias con las luchas en defensa de la madre tierra.

 

En enero del 2012, uno de los artífices de la represión en Chaparina, el Gral. de la FAB, Tito Gandarillas, fue premiado por esa solapada labor, con su nombramiento como comandante en jefe de las FFAA. Si no fuera por su reciente destitución, podría haberse conjeturado que Evo, para llevar hasta el límite su emulación al MNR, estaba incluso criando a su propio Gral. Barrientos. Sin embargo, más allá de lo circunstancial, los problemas estructurales permanecen: hay visiones de desarrollo sesentistas a cargo de los militares, que encubren negocios turbios de narcotráfico y contrabando. Incluso, en la localidad de Eucaliptus, ellos han rehabilitado su fábrica de ácido sulfúrico, lo que muestra una evidente articulación de intereses militares-cocaleros-mafiosos similar a la que denunciara René Bascopé en La veta blanca. Se tiene entonces una versión militar del “desarrollo” que parte de un control territorial sobre los parques nacionales, de la creación de espacios de impunidad y de núcleos mafiosos dentro del Estado, todo ello barnizado con una barata retórica “katarista” y ecológica que goza del decidido auspicio del poder ejecutivo. Es la lógica de las disyunciones coloniales: el colonizado que aspira a reproducir los actos del colonizador; la víctima que busca parecerse a su verdugo.

 

Dos formas de consulta

 

Sin embargo, pudimos identificar dos tipos de activistas y dos maneras de abordar la solidaridad con las comunidades indígenas del Tipnis. Hay un activismo que alimenta el ego, el autobombo y la complacencia “revolucionaria”, que compite por mostrar quién es más “radical” o quién se juega más en el apoyo a la causa indígena. Algunas variantes electoreras de ese apoyo provienen de la generación mayor, y portan sin duda las marcas de una política de intereses que no puede sino dañar a largo plazo la defensa de los parques nacionales y de los derechos indígenas.

 

Como contraparte, hay otro tipo de activismo, más humilde y con menos pretensiones protagónicas, que han emprendido muchas personas, jóvenes y viejas, a quienes la causa indígena les ha interpelado en su vida cotidiana y les ha hecho descubrir una realidad otra, un modo de vida que puede brindar alternativas al propio carácter depredador y artificial de la vivencia urbana.

 

Porque sólo gracias a la gente que vive y sufre las agresiones estatales dentro del propio Tipnis, y sólo gracias a quienes han llegado hasta allí con la humildad del que busca aprender del modo de 3 Son patéticas, en ese sentido, las acusaciones mayormente anónimas que han circulado por internet en contra de Nina Mansilla Cortez y la red de apoyo que está luchando por su liberación.

 

Activista cultural vinculada a círculos anarquistas de La Paz, Nina está detenida hace 6 meses, falsamente acusada y estigmatizada por propios y extraños, sin duda a causa de su activa participación en las redes de apoyo a las luchas del Tipnis mediático y de la sistemática desinformación gubernamental, se ha tomado conocimiento de las evidentes maniobras divisionistas de los encargados de la consulta, del esquema prebendal que precedió la llegada de las brigadas y de la manipulación de las necesidades de la gente, sin obviar los modos autoritarios y arbitrarios de seleccionar a quiénes “consultar” y cómo interpretar los resultados del procedimiento.

 

Dos tipos de activistas

 

La novena, pero sobre todo la octava marcha en defensa del tipnis han convocado un importante respaldo del mundo urbano, centrado sobre todo en las ciudades de La Paz y Cochabamba, y en varias capitales y ciudades intermedias de tierras bajas.

 

Hemos sido testigos de la multitudinaria recepción de la octava marcha, en el mes de octubre del 2011, y de una convergencia notable entre indígenas de tierras bajas y tierras altas, éstos últimos bajo el alero de su organización matriz, el CONAMAQ.

 

Asimismo, las Mama T’allas del CONAMAQ han convocado a una multiplicidad de grupos, en una actitud sabia de interpelación a sectores urbanos, sobre todo juveniles. De ese modo, los pueblos indígenas organizados han logrado un hecho inédito en las luchas sociales recientes: la convergencia de indígenas con una diversidad de agrupaciones ecologistas, activistas culturales, feministas e indianistas, además de un nutrido bloque de organizaciones y grupos anarquistas, que llegó incluso a desfilar con sus propias banderas y pancartas, en una suerte de reedición de las marchas de la fol y de la fof de los años previos a la guerra del Chaco.

 

Podría decirse entonces que el pensamiento es un metabolismo con el cosmos, y que se nutre de savias vitales más vastas y densas que el mero cálculo racional. No podemos continuar confundiendo conocimiento con información. En temas como el cambio climático, la degradación ecológica y la represión a los pueblos indígenas, la labor del amor es tan urgente como lo es el conocimiento certero que brindan los avances de la gaya ciencia de nuestras contemporáneas. Esta sería la labor articuladora entre tierras altas y tierras bajas, entre indígenas y poblaciones urbanas, que vislumbró Jaime Mendoza a través de la metáfora del macizo boliviano. Un taypi o espacio intermedio en el cual, partiendo de reconocer nuestra ignorancia en los asuntos de la “universidad de la selva”, podamos beneficiarnos de una mutua fertilización e intercambio de saberes con las poblaciones indígenas en

UNA MIRADA TEÓRICA SOBRE EL LLAMADO PROCESO DE CAMBIO

De entrada tenemos un problema teórico; proceso es un concepto teleológico, supone una finalidad, a la que se llega precisamente mediante un proceso, que pasa por etapas de aproximación. El proceso procesa, por así decirlo, las condiciones de posibilidad histórica, los medios, las fuerzas involucradas, llevándolas hacia el fin propuesto. Se trata de una producción histórica.

Si queremos salir del acto de juzgar el proceso, juzgar en el sentido jurídico del término, como tarea de jueces, ya sea para bien o para mal, negativamente o positivamente, observando sus desviaciones o, en su caso, haciendo apología de su consecuencia, debemos, en primer lugar dejar de hablar de proceso. Debemos decir categóricamente que no hay proceso; lo que hay, es ciertamente un acontecimiento político, en el que estamos insertos, lo que hay es una lucha entre tendencias encontradas, además de una lucha de estas tendencias en relación a las condiciones de posibilidad histórica, que casi todas ellas llaman “realidad”. Condiciones de posibilidad que las tendencias tratan de controlar o inducir para lograr sus propósitos.

Es así también como el proceso fue interpretado como una producción política del Estado plurinacional social-comunitario. Empero, que la finalidad compartida orgánicamente por el Pacto de Unidad sea la del Estado-plurinacional social-comunitario no quiere decir que el Pacto de Unidad controlaba todas las variables en juego en el contexto de las fuerzas; era la voluntad del Pacto de Unidad, que de ninguna manera garantiza por ser que el decurso de los acontecimientos desatados conduzca a tal finalidad.

Una mirada teórica sobre el llamado proceso de cambio

De entrada tenemos un problema teórico; proceso es un concepto teleológico, supone una finalidad, a la que se llega precisamente mediante un proceso, que pasa por etapas de aproximación. El proceso procesa, por así decirlo, las condiciones de posibilidad histórica, los medios, las fuerzas involucradas, llevándolas hacia el fin propuesto. Se trata de  una producción histórica.

Si queremos salir del acto de juzgar el proceso, juzgar en el sentido jurídico del término, como tarea de jueces, ya sea para bien o para mal, negativamente o positivamente, observando sus desviaciones o, en su caso, haciendo apología de su consecuencia, debemos, en primer lugar dejar de hablar de proceso. Debemos decir categóricamente que no hay proceso; lo que hay, es ciertamente un acontecimiento político, en el que estamos insertos, lo que hay es una lucha entre tendencias encontradas, además de una lucha de estas tendencias en relación a las condiciones de posibilidad histórica, que casi todas ellas llaman “realidad”. Condiciones de posibilidad que las tendencias tratan de controlar o inducir para lograr sus propósitos. Lo que ocurra no depende de sus voluntades sino del juego azaroso de las fuerzas, de las contingencias, y, ciertamente, de la dosis de consecuencia que se imprime en las acciones, dependiendo de una suerte de acumulación y disponibilidad de fuerzas.  

La forma como se llega a definir la finalidad del Estado plurinacional social-comunitario, fue lograda en reuniones, seminarios, talleres, conferencias y “congresos” del Pacto de Unidad. A esta significación del proceso se llega por el camino de “capturas” de singularidades. Son las organizaciones sociales, las dirigencias de estas organizaciones, los asesores de las organizaciones, las ONGs de apoyo, los dispositivos de “captura”, que coadyuvan a componer una interpretación más o menos compartida. Es así como la finalidad del Estado plurinacional social-comunitario fue asumida orgánicamente. Es así también como el proceso fue interpretado como una producción política del Estado plurinacional social-comunitario.    

Sin embargo, el mismo peligro la experimenta el ala radical del proceso; al mantenerse en esta representación teleológica del acontecimiento político. Tampoco quiere aprender de la experiencia al explicar lo que acontece por las inconsecuencias y traiciones. Hay que abandonar definitivamente la teoría de la conspiración. No sirve, es pueril y simple, como para ayudar a comprender la complejidad, el juego de las fuerzas,  las dinámicas moleculares y molares, las relaciones y las estructuras de poder en juego.

LA MASCARADA DEL PODER

El libro de García está hecho de dos cosas: una larga cadena de insultos, calumnias y descalificaciones personales dirigidas a quienes firmamos el Manifiesto, y una delirante defensa, pretendidamente conceptual, de la gestión de Gobierno, de la conducción del ‚proceso de cambio‛, y de esta conmovedora ‚revolución‛ que sufrimos.

 

LA REVELADORA FURIA DE GARCÍA Y EL PROCESO DE CAMBIO

El pasado 22 de junio, un grupo de personas hicimos conocer a la ciudadanía el ‚Manifiesto por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y con el pueblo‛. Ese Manifiesto fue respondido por el vicepresidente Álvaro García Linera con un furioso libro de 168 páginas distribuido junto al periódico ‚Cambio‛ y titulado ‚El oenegismo, enfermedad infantil del derechismo‛.

 

En su respuesta, el Vicepresidente García pierde aplomo, seriedad y altura, y se prodiga en profusos insultos, descalificaciones personales alevosamente calumniosas, penosas incoherencias y viejas y nuevas mentiras.

 

 

Pero además, si hay un grupo que podría caracterizarse de ‚oenegero‛, por su larguísima, profunda y destacada pertenencia a las más importantes ONG del país, varias de las cuales hoy irritan a García, ese grupo es el que compone la parte más importante del actual Gabinete y de la conducción gubernamental. Pero nosotros, a diferencia de García, no manipulamos este hecho para descalificar a estas personas con epítetos fáciles y huecos, o acusándolas de ‚haber vivido de las ONG

Alegato antirracista y “teoría de la inmunidad étnico-sindical.

Otro argumento central de García, tediosamente repetido a lo largo de sus 168 páginas, es el mismo que usan, cada vez con mayor frecuencia, los voceros del oficialismo para responder a cualquier crítica o cuestionamiento a su gestión en los órganos públicos: calificar de racista al interlocutor por atacar al ‚Gobierno de los movimientos sociales‛, ‚a cargo de campesinos, indígenas y trabajadores‛. Con el mismo criterio, García encuentra en nuestro Manifiesto ‚cierta dosis de señorialismo‛, ‚cierto tufillo racista‛ y hasta ‚racismo desbocado‛.

 

Esta tesis de García es errónea en su misma substancia conceptual. Pero además, carece de toda autenticidad, pues ni el Gobierno ni el propio García la asumen verdaderamente, y la usan, más bien, como demagógica cobertura discursiva para la reproducción de las tradicionales prácticas de envilecimiento y prebendalización de la función pública. García tiene el infame propósito de hacerle creer al pueblo boliviano que la gestión de su Gobierno es mala porque está a cargo de indígenas y personas de condición humilde, y que en esto consiste la ‚grandiosa‛ revolución que vivimos. Esta es una pretensión especialmente despreciable porque miente descalificando y subestimando la capacidad e inteligencia de la gran mayoría de los bolivianos de origen o condición indígena, y fomentando los sentimientos de inferioridad históricamente implantados en ellos por la dominación colonial, para darle inmunidad e impunidad a su Gobierno.

CONTROL SOCIAL VS. CONTROL POLÍTICO, PUGNA CONTINUA

La constitucionalización de la participación y el control social es una particularidad de procesos constituyentes en que la presencia indígena ha sido central, como en Bolivia y Ecuador, y refleja peculiares expectativas sociales de democratización, transparentación y rendición de cuentas por parte del poder político estatal. Este trabajo se refiere a las bases y condiciones para la elaboración de una “ley marco” sobre participación y control social, mencionada en el artículo 241 de la CPE.

La constitucionalización de la participación y el control social presenta además, en nuestro caso, tintes excepcionales vinculados a la prolongada, compleja y extremadamente rica experiencia política de amplios sectores populares. Las masas bolivianas han vivido, respecto al poder estatal, ciclos de confrontación abierta, cerco prolongado, proximidad, cohabitación, incursión y aún copamiento momentáneo.

Lo que hoy se denomina participación y control social en la CPE representa, al menos parcialmente, el sedimento inconsciente y aprendizaje que han ido dejando esas vivencias colectivas y la manera en cómo se proyectan hacia el futuro, según cierta lectura ideológica.

Antecedentes: control estatal vs. soberanía social

La curiosa acepción (1) que ha llegado a tener el término control social en la realidad boliviana, se ha construido durante toda la historia previa, pero será recién a partir del segundo ciclo constitutivo, el de la revolución nacional, que definirá con fuerza y claridad los rasgos que hoy le conocemos.

El Estado nacional revolucionario, al inaugurar la vida democrática moderna del país, mediante la liberación e incorporación de las mayorías indígena y femenina a las prácticas políticas institucionalmente reconocidas, abre espacio a su ascendente participación y a crecientes expectativas de vigilar y moderar el funcionamiento de los aparatos estatales.

El “control obrero con derecho a veto”, aprobado por decreto en 1953, grafica las principales características del fenómeno. En aquel momento, cuando el nuevo bloque en el poder atravesaba el primer tramo de su conformación, incluyendo a representantes de la clase obrera, existían posibilidades objetivas de que se hicieran auténticas concesiones sobre el funcionamiento del estado.

En pocos años, este control obrero (2) había pasado a reforzar la exclusión del proletariado de la conducción estatal del proceso y a ingresar en una fase decadente, al haber quedado reducido a un mecanismo de transacción entre burócratas sindicales y estatales, no pocas veces enredado en un juego de prebendas e intercambio ilícito de favores.

Es necesario prestar atención a la ausencia de una experiencia similar, relacionada a la clase social campesina, no obstante que, como los trabajadores mineros, tenía sus propias milicias armadas. (3)

Lo anterior destaca que la frase “participación y control social” tiende a unificar momentos y formas básicamente contradictorios de relación entre sociedad y estado, ya que la participación rige en fases de equilibrio o abierta colaboración entre ellos, mientras que el control corresponde a fases de rebeldía e insubordinación social.

La sociedad civil organizada establecerá sus propias normas y entidades que harán efectiva la participación y el control social, y regulará el alcance, funcionamiento y procedimientos para cumplir con el ejercicio de la participación en la toma de decisiones y de control social.

ACULTURACIÓN. ESTADO Y MODERNIDAD FRENTE A LA PROPUESTA DEL BUEN VIVIR

Se mire por donde se mire, América Latina se ha convertido en un referente teórico y práctico de lucha contra el capitalismo. Una lucha que, fundamentalmente, se está realizando desde dos marcos teóricos y prácticos muy diferentes. Por un lado, el llamado Socialismo del S. XXI que, a partir de la reformulación de las tesis clásicas vinculadas a la toma del poder estatal, ha conseguido este propósito en diferentes países. Por otro, aquellas luchas que hacen hincapié en la necesidad de construir otra forma de poder “antiestatal”, “desde abajo”, y entre las que destaca la propuesta indígena como una alternativa de cambio estructural que va más allá de lo puramente étnico.

Históricamente, debido a la propia naturaleza “globalizadora” del Estado expresada en las palabras de Rousseau anteriormente citadas, éste ha encarado su relación con los poderes antiestatales a través de la búsqueda de la imposición de la lógica estatal. Ésta tiene dos caminos. Por un lado, la represión contra los movimientos sociales, propia, especialmente, de los gobiernos explícitamente alineados con el neoliberalismo. Por otro, la búsqueda de la expansión de Estado a través de la desmovilización, la cooptación, la centralización y la búsqueda de la representatividad en aquellos espacios que usualmente no encuentran en la democracia formal (y el Estado) su forma de organización socio-política.

 

La propuesta indígena: La comunidad y el Buen Vivir

Un ejemplo claro de poderes antiestatales en el mundo indígena lo podemos encontrar en la práctica de la “comunidad” propia de la nación aymara.

La comunidad aymara, explica Zibechi, no es una realidad objetiva, sino “una forma de adoptar vínculos entre las personas”, lo cual, además, permite universalizar la propuesta más allá del estereotipo que asimila lo comunitario con lo rural, tal y como muestra la ciudad aymara de El Alto. Una propuesta que, por lo demás, debe convivir dentro del movimiento indígena con la demanda de plurinacionalidad en tanto ésta última, si bien supone una reformulación positiva del concepto de Estado-nación heredado de los procesos de independencia y parte de la ideología colonial, sigue inmersa en la lógica del Estado.

Sin embargo, lo central de la propuesta indígena –y más concretamente andina– lo encontramos en lo que en castellano se ha traducido por “Buen vivir” (Suma Qamaña en aymara y Sumak Kawsay en kichwa).

Si, como veíamos, en la Modernidad el ser humano se define como tal en el momento en que deja su “estado de naturaleza”, en la cosmovisión andina la colectividad no sólo se refiere al resto de los seres humanos, sino también a la Pachamama (Madre Tierra), de tal manera que la oposición Naturaleza/Cultura como parte de la definición del ser humano pierde su sentido.

A partir de esta ruptura radical con la Modernidad, el Buen Vivir supone una triple alternativa socio-política, económica y ecológica al capitalismo.

CONDICIONES PARA UNA VERDADERA DESCOLONIZACIÓN

Quisiera dar un enfoque sobre todo histórico de un concepto que está en vigencia actualmente: la descolonización. Sucede que cuando el contexto en que se maneja determinado concepto es ambiguo o indeciso, el significado de este deja también de ser preciso y suele obedecer más a inspiraciones fantasistas que a la exigencia de rigor histórico y social. Actualmente vivimos en Bolivia un contexto indefinido y confuso, en el que los conceptos, argumentos e ideas que maneja el actual gobierno para justificar y fundamentar su gestión, son también necesariamente imprecisos y equívocos.

La tendencia actual del gobierno del MAS es tratar la descolonización como un fenómeno sustancial y específico a nuestra realidad y de características puramente ideológicas. De ahí el afán de identificar lo indígena con actos puramente rituales y simbólicos —inventados, la mayor parte de ellos— y la importancia que empieza a cobrar en el discurso oficial una pseudo interpretación indígena de la vida y de la sociedad, más conocida como pachamamismo.

Debemos empezar por constatar que si bien las poblaciones indígenas en nuestro continente han sido las primeras en ser históricamente colonizadas —a partir de 1492—, no han sido las únicas en sufrir ese atropello. Europa, lo que llamamos “occidente”, ha colonizado después África y Asia; se ha enseñoreado en todo el mundo. Y, después de la colonización ha existido un fenómeno llamado descolonización, mediante el cual los pueblos oprimidos reconquistaron su independencia. Así como la colonización es parte de un proceso histórico mundial, la descolonización es también un transcurso general, con manifestaciones particulares

En este sentido, si hacemos un balance histórico, todos los movimientos surgidos de los pueblos originarios — políticos, sociales, guerreros—, han sido esfuerzos de esta población por recuperar su autonomía y su autogobierno. En la época contemporánea eso es lo que representa el surgimiento del indianismo y del katarismo: Han sido formas contemporáneas para poner fin a una anomalía histórica vigente en Bolivia, como también vigente en muchos países de América. Eso explica las semejanzas y las diferencias entre indianistas y kataristas.

Existe una línea histórica desde los primeros movimientos contra la ocupación española, liderados por Manco II, pasando por la revoluciones de Tupak Katari, Tupac Amaru, Zárate Willka, la república aymara de Laureano Machaca, hasta el nacimiento del MITKA y del MRTK en la segunda mitad del siglo XX y el cerco a la ciudad de La Paz que hubo el año 2000, por sólo citar algunos hechos históricos. El MITKA y el MRTK fueron las primeras formas políticas que se demostraron viables en el esfuerzo originario por alcanzar el poder, vendría luego el Movimiento Indígena Pachakuti, MIP, pues lograron representación parlamentaria. Si aceptamos que una lucha descolonizadora sólo es posible si existe una organización política que la aliente, encamine y dirija, es necesario estudiar a fondo la experiencia de esas organizaciones y reivindicar la necesidad del surgimiento de un ente político que culmine este proceso.

El actual “proceso de cambio” si tiene algún mérito es el de crear las condiciones para una auténtica descolonización. Este proceso yo no creo que pueda dar las réplica descolonizadora, pero sí está generando la necesidad de respuestas.

Un sistema colonial como el nuestro implica una hiper-concentración del poder y también un ejército fuerte para proteger los negocios controlados por esa pequeña élite. El centralismo boliviano es copia exacta de los esquemas administrativos que dejaron los españoles y las Fuerzas Armadas existen sólo para impedir que se produzca una verdadera revolución,

DISTRACTIVO Y ESCABROSO, EL DOBLE AGUINALDO RESUME LAS DEBILIDADES DEL RÉGIMEN EN 8 AÑOS

Cuesta entre 55 y 110 millones de dólares, pero excluirá a la mayor parte de los trabajadores. Más de 22 millones de dólares podrían ser “voluntariamente” aportados a la campaña del MAS. Las petroleras se llevarían 1.600 millones este año y 9.500 millones desde 2006. Los bonos sociales suman 367 millones de dólares, apenas un 6% de la renta de los hidrocarburos. ¿Desconfianza en el caudal de votos evista?

El pago adicional con que el gobierno planeaba cerrar 2013 abonando sus perspectivas electorales para reproducir el poder hasta 2020, sustrajo en parte, durante las últimas semanas, la atención sobre las secuelas de producción cocalera destinada al narcotráfico y el próspero tráfico de drogas.

Por el mismo rumbo, otras distracciones propagandísticas, como los preparativos para el lanzamiento del satélite comunicacional Túpac Katari o renovadas acusaciones a Chile por el tráfico paralizado en frontera, trataban de escamotear la mirada crítica a similares o mayores debilidades de gestión, en muchos casos corrupta, que involucra a ex y altas autoridades actualmente investigadas y por declarar.

A horas de decretado el segundo aguinaldo, el pasado 20 de noviembre, el Centro de Estudios Laborales y Agrarios (CEDLA) aseguró que el 82% de la población económicamente activa, cuatro millones de subocupados y trabajadores por cuenta propia, no serán favorecidos por la acción estatal.

Las diversas reacciones al segundo aguinaldo parecía resumir también como pocas veces las carencias, desvíos, contrasentidos y fallas de horizonte, políticas públicas y finanzas plurinacionales en ocho años de administración del MAS, desde que el presidente Evo Morales asumió el mando en 2006.

Otros excluidos y perjudicados

Trabajadores independientes de servicios como sastres, albañiles, plomeros o pintores "no tienen una dependencia laboral permanente y lamentablemente no les corresponde ese beneficio", confirmó al concluir la semana el ministro de Trabajo Daniel Santalla, quien desechó la posibilidad de que éstos puedan elevar el costo de sus servicios.

EL GOBIERNO DEL MÁS Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA BASE MATERIAL DEL “PODER EMPRESARIAL HACENDAL”

En el último tiempo García Linera ha venido sosteniendo que gracias al gobierno del MAS los medianos y grandes propietarios concentrarían ahora una ínfima parte de las tierras del país, por lo que se habría trastocado totalmente la estructura de la tenencia de la tierra en Bolivia. Frente a esta aseveración, interesa conocer si, efectivamente, el “poder empresarial hacendal” –como lo llama el vicepresidente- ha sido afectado o si el mismo sigue gozando de muy buena salud.

Origen de la distribución de tierras

Para poder cuantificar la verdadera magnitud de la afectación que ha tenido el “poder empresarial-hacendal” durante el gobierno de Morales Ayma, es importante conocer cuál es el origen de las tierras que han sido distribuidas o redistribuidas.

Según el gobierno, la “redistribución” de tierras como consecuencia del proceso de saneamiento para la titulación de TCO alcanza supuestamente a 2,9 millones de hectárea. Sin embargo, de este total, la gran mayoría de las tierras (72,8%) corresponde strictus censu a tierras que siempre fueron fiscales. Un 15,3% a tierras que eran usufructuadas por barraqueros sobre las cuales formalmente nunca tuvieron derechos propietarios. Un 35,2% proviene de concesiones forestales, un 14,6% de tierras fiscales baldías que nunca fueron distribuidas y un 8% corresponde a expedientes anulados; es decir, tierras sobre las cuales los supuestos titulares nunca ejercieron derecho propietario alguno.

Las mejores tierras siguen en manos de medianos y grandes propietarios

Lo cierto es que tomando en cuenta la distribución de tierras entre 1953 y 1993 y 1996-2012, la estructura agraria actual se orienta a consolidar una situación donde las medianas y grandes empresas seguirán en poder de alrededor de 38 millones de hectáreas, los campesinos 17 millones, las TCO/TIOC alrededor de 22 millones de hectáreas y el Estado en poder de otro tanto.

LA “TRANSFORMACIÓN” DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Más allá de lo que establece la Ley 070, lo cierto y real es que la educación de la que permanentemente se habla desde instancias oficialistas es todavía una concepción de “educación” deterritorializada, con naciones indígena-originarias reducidas a una juntucha de contenidos, saberes y prácticas despolitizados o, lo que es lo mismo, ideologizados para pensar en el Vivir bien, pero según el gobierno del MAS y ya no de acuerdo al imaginario de los pueblos indígenas.

El 10 de septiembre de 2013 se realizó el foro sobre la aplicación de la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Este espacio de debate fue organizado y realizado por el Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

El viceministro Samanamud se refirió a los institutos de lengua y cultura para cada pueblo indígena, con la misión de que los mismos indígenas normalicen su propia lengua. Sin hacer ya la precisión de que al parecer “cada pueblo indígena” debe ser comprendido, en verdad, como “cada CEPO (Consejos Educativos de los Pueblos Originarios de Bolivia)”, en el imaginario del señor viceministro, una de las implicaciones del criterio viceministerial es que las anteriores normalizaciones lingüísticas no serían indígenas o descoloniales, porque sus autores no pertenecerían a ningún pueblo indígena o, en este caso, a ningún CEPO. La nueva, pero febril posición del viceministro ignora que todas las normalizaciones lingüísticas realizadas hasta el momento -y no en los gobiernos de Evo Morales- fueron realizadas con la participación protagónica de los pueblos indígenas y el apoyo técnico de una serie de lingüistas.

 

El Viceministro también se ha referido a que el diseño curricular base no es el único referente para pensar en la “aplicación” de la ley de educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez. Que se encuentra también el currículo regionalizado, realizado por los “propios” pueblos indígenas y por sus “propias” organizaciones, y que hasta ahora se han decidido como siete regiones curriculares. Al respecto, nuestro criterio es el siguiente: recordamos que el Estado es Plurinacional y no “pluri-regional”. Entonces es evidente que el viceministro y el Ministerio de Educación, pero particularmente los CEPOS, tienen una comprensión “regionalizada” de lo plurinacional, pero no una comprensión indígena, descolonial, de lo plurinacional. Desde este punto de vista, el currículo regionalizado, encarado por los CEPOS, es un referente curricular equívoco o, cuando menos, impertinente para comprender la aplicación de la Ley de Educación 070 (asumiendo que esta ley debe subordinarse a la plurinacionalidad constitucional y no al revés). Lo que sí hubiera sido un referente curricular realmente descolonial, es que el Ministerio de Educación y el gobierno del hermano evo morales le permitiera, tanto a la CIDOB como al CONAMAQ, ejercer su derecho –“propio de ellos mismos y de nadie más

Entre tanto, el año 2013 ya fue declarado año de la revolución educativa, sin ninguna lengua indígena-originaria articulada a ninguno de los actuales desarrollos curriculares de sistema educativo “plurinacional”. Pero como el justificativo de siempre es que la revolución educativa y cultural debe entenderse como un “proceso”, quizás para el cuarto o quinto mandato del hermano Evo, la educación primaria y secundaria ya se encuentre enseñando contenidos en las lenguas estipuladas por la Ley de Educación Avelino Siñani.

 

Los facilitadores del PROFOCOM reciben tan sólo unas cuantas horas de capacitación para luego capacitar a los maestr@s del PROFOCOM en los contenidos del libro de texto de ese programa. Y en el libro de texto del PROFOCOM, que es la Unidad de formación No. 8: Producción de conocimientos en el modelo educativo sociocomunitario productivo (documento de trabajo), los lineamientos, además enciclopédicos, para la recuperación, producción de saberes y conocimientos de los pueblos indígena originarios campesinos, no pasa de la media hora de lectura, no excede jamás las diez y seis horas, considerando que los cursos del PROFOCOM empiecen puntualmente en los horarios establecidos, pero no es así. Y de todas estas horas no todas están exclusivamente destinadas a desarrollar competencias en la recuperación de saberes indígenas.

LA REALIDAD CONFIRMA LA FALACIA DEL ESTADO PLURINACIONAL

El gobierno acaba de “consensuar” el proyecto de ley de consulta previa e informada a los pueblos indígenas. Lo primero que llama la atención es que en la reunión organizada en Cochabamba para este propósito se desconoce y margina a los verdaderos representantes de los pueblos originarios y se monta una descomunal mascarada con la CIDOB oficialista, la CSUTCB y el CONAMAQ controlados por el gobierno y las bartolinas.

También denuncia que el gobierno violenta la Constitución recientemente aprobada, con la que supuestamente se inaugura un nuevo Estado plurinacional opuesto al viejo estado nacional liberal.

Lo que no podemos entender es ¿por qué los legisladores masistas crucificaron al magistrado Cusi por haber llevado a la práctica el concepto de descolonización que han impuesto ellos mismos? Ni siquiera se ha escuchado la voz del canciller Choquehuanca, que suele ser muy atrevido en sus planteamientos teóricos “pachamámicos”; es de su autoría eso de que no es necesario leer los libros porque la sabiduría se encuentra leyendo las arrugas en el rostro de los viejos, o que las piedras y los cerros tienen vida, sexo y espiritualidad; por tanto, tienen capacidad de reproducirse.

Lo que ha ocurrido en realidad, en este y otros debates en torno a a "descolonización", es que los descolonizadores del MAS han capitulado frente a los prejuicios de los colonizadores; al igual que los doctores elegantes de la clase dominante han lanzado el grito al cielo condenando las declaraciones del pobre Cusi y lo han obligado a retractarse de la herejía que ha dicho.

Se trata de una conducta oportunista y cobarde de los “teóricos” pachamámicos inclinan la cabeza frente a las transnacionales y la clase dominante nativa, con la finalidad de mostrar al mundo que el Estado plurinacional de Bolivia no es bárbaro y no rinde culto al atraso y al primitivismo pre capitalistas.

RENUNCIA EL DIRECTOR DEL INE, PRINCIPAL RESPONSABLE DEL DESPROLIJO Y DEFICIENTE CENSO 2012

 (Agencias).- El director del Instituto Nacional de Estadística (INE) Ricardo Laruta renunció a su cargo luego de que se identificaron serios errores en el proceso de diseño y ejecución del Censo de Población y Vivienda 2012 que estuvo a su cargo. El Consejo del Centro Latinoamericano de Desarrollo (Celade) evaluará la consistencia técnica del escrutinio que ha sido cuestionado por diversos sectores políticos y sociales de todo el país.

Datos parciales y finales del Censo 2012

Departamento  Datos parciales Datos corregidos
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La Paz                 2.741.554          2.706.351
Santa Cruz         2.776.244       2.655.084
Cochabamba      1.938.401    1.758.143
Potosí             798.664           823.517
Chuquisaca       678.000        576.153
Tarija             508.757            482.196
Oruro             490.602           494.178
Beni               425.780            421.196
Pando            109.173           110.436

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TOTAL            10.389.903       10.027.254

Fuente: INE-Censo de Población y Vivienda 2012.

El 23 de enero de este año el Presidente Evo Morales, citando datos parciales del INE, informó que Bolivia tiene 10.389.903 habitantes y que Santa Cruz es la región más habitada del país, superando por primera vez a La Paz.

Según los datos preliminares, Santa Cruz tenía 2.776.244 habitantes y La Paz 2.741.554, pero luego de una “revisión cuidadosa” se concluyó que La Paz cuenta con 2.706.351 habitantes y en segundo lugar se encuentra Santa Cruz con 2.655.084 personas, precisó la ministra Caro. (Ver cuadro adjunto)

El movimiento cívico del departamento de Santa Cruz, el más afectado por la reducción poblacional, manifestó que la desaparición “oficial” de más de 362 mil ciudadanos bolivianos “no es aceptada por el pueblo boliviano, que ya ha hecho su propia evaluación: las cifras del Censo 2012 no son confiables, y por ello urge solucionar todas las deficiencias y problemas que contiene”.

Según el Comité pro Santa Cruz, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, realizado con un retraso de dos años, “se llevó adelante con desprolijidad, cartografía incompleta, insuficiente capacitación e innumerables deficiencias técnicas y falta de personal calificado, producto de la ineptitud en su conducción”.

A tal punto llegó la suspicacia política que algunos sectores insinuaron que el gobierno del MAS había manipulado los datos con el fin de restar recursos económicos a las regiones y de esta manera obstaculizar deliberadamente la aplicación del régimen autonómico, y sobre todo la redistribución de escaños parlamentarios en función a la nueva realidad demográfica.

En ese escenario, el Presidente en persona reconoció que fue un error haber difundido datos preliminares en enero de este año, los cuales no coinciden con los resultados oficiales presentados el 31 de julio, por lo que abrió la posibilidad de someter el escrutinio a una auditoría internacional. “Si hay instituciones o movimientos sociales que no tienen confianza, accederemos a auditorías con expertos internacionales y nacionales para que verifiquen”, declaró el Mandatario.

Dos días antes, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana manifestó la predisposición del Poder Ejecutivo para que el Censo de Población y Vivienda de 2012 sea sometido a una prueba de consistencia técnica “para dar tranquilidad a todos”. A su juicio, “es necesario que no surjan conflictos en las regiones” por la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y los escaños parlamentarios.

Es así que el 9 de agosto la representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia Katherine Grigsby confirmó que el Comisión del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) someterá a evaluación técnica los resultados el Censo de Población y Vivienda de 2012.